Las barreras institucionales son legislaciones, políticas, directrices o los procedimientos que perjudican de forma sistemática a ciertos grupos de personas. A menudo, son el resultado de la falta de concienciación de las personas implicadas en redactar la legislación o política, o la falta de concienciación y experiencia de aquellos que implementan y facilitan los procedimientos.

Ejemplo:

• Una legislación que no reconozca a las personas con condiciones de salud mental o discapacidad intelectual, pero que sí tienen capacidad legal.
• Un centro de formación vocacional cuya política establezca que la institución sólo aceptará a los candidatos que sean psicológica, intelectual y físicamente aptos para trabajar.
• Un banco cuya política diga que la firma de un cliente ha de coincidir con la de su carnet de identidad, creando barreras para las personas mayores, personas con enfermedades crónicas o personas con discapacidad física y mental.
• Un procedimiento de registro para un programa de ayuda económica para víctimas de desastres que sea demasiado complejo para que puedan comprenderlo personas con condiciones de salud mental o discapacidad intelectual.

Para superar las barreras institucionales:

• Hay que analizar las políticas y los procedimientos junto a las personas con discapacidad y otros grupos de riesgo para identificar las barreras.
• Ajustar las políticas y los procedimientos de la organización para retirar barreras institucionales y crear condiciones que propicien la inclusión de mujeres y hombres con discapacidad y otros orígenes diversos.
• Comprometa a las personas que crean políticas y toman decisiones para que den importancia a las barreras institucionales en las leyes, políticas y procedimientos que formulan. Implique a los grupos representativos en su trabajo de incidencia política.
• Ofrezca apoyo específico o ajustes razonables a las personas de la comunidad para garantizar que puedan acceder a los servicios y participar en igualdad de condiciones a pesar de las barreras institucionales.